La mordaza digital: Los intentos de control narrativo y censura previa de la 4T.
La libertad de expresión en México ha entrado en una fase crítica de reconfiguración legal y tecnológica en los primeros nueve meses de 2026. Bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el bloque oficialista ha impulsado una serie de reformas y lineamientos bajo las banderas de la armonización internacional del T-MEC, el combate a las noticias falsas y la protección de los derechos de autor.
El cerco a los espacios de crítica no se ha limitado al entorno de código y algoritmos.
Diversos sectores de la oposición como la organización civil Artículo 19 han alertado que estos mecanismos abren la puerta a una censura previa sistematizada, delegando facultades discrecionales al Estado y forzando a los proveedores de servicios de internet a actuar como vigilantes de los usuarios.
El lunes 25 de mayo durante su conferencia, la presidenta pidió a la ciudadanía "no ver TV Azteca", la mandataria hizo este llamado al criticar lo que calificó como "mentiras descaradas" difundidas por la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Al mes siguiente, en su conferencia matutina del 2 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó formalmente su inquietud e impulsó la iniciativa para regular el uso de teléfonos móviles en las escuelas y sugirió la necesidad de un debate nacional sobre el impacto de las pantallas y las redes sociales en los estudiantes. La reacción de la sociedad civil, la comunidad académica y las familias ante la iniciativa de la presidenta ha sido mayoritariamente favorable, aunque con un matiz de debate sobre su implementación práctica y el rol de la tecnología.
¿Lineamientos de Audiencias y Presión Institucional o no pago porque me peguen?
El mes de agosto de 2026 se ha consolidado como un periodo de alta tensión entre el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) y diversos sectores periodísticos en México, el 5 de agosto la presidenta declaró 2026 durante su conferencia matutina que su administración no les da dinero a periodistas para influir en su contenido, y reconoció que no se asigna publicidad oficial a ciertos medios críticos como TV Azteca, Reforma y El Universal.
En ese mismo mes la publicación de “nuevos Lineamientos en materia de Derechos de las Audiencias” provocó el rechazo de los industriales de la radio y televisión agrupados en la CIRT. Críticos y periodistas también acusaron que las reglas permiten la intervención directa del Estado en las líneas editoriales de los medios y abren la posibilidad de suspender transmisiones que no se alineen al pluralismo gubernamental. Por su parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó a México su obligación internacional de evitar restricciones indirectas a la difusión de información.
Inteligencia Artificial y Control de Narrativas Electorales
El uso creciente de la Inteligencia Artificial (IA) y los deepfakes se convirtió en otro blanco regulatorio prioritario. En septiembre, la jefa del ejecutivo federal instó públicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) a estructurar regulaciones para contener la propaganda política impulsada por IA y bots. A la par, el Congreso de la Unión aceleró debates para promulgar una Ley General de Inteligencia Artificial.
A pesar de que el discurso de la 4T sostiene que estas acciones previenen la desinformación automatizada y protegen el bienestar de la niñez, los analistas independientes y la oposición ven con recelo este avance. El temor radica en que dotar a una entidad gubernamental, o a una nueva dependencia como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), de la capacidad para calificar qué contenido generado por IA es "veraz" o "falso" equivale a centralizar el control de la verdad digital, además de ser un retroceso en la historia del control mediático en nuestro país.
A finales de septiembre, la discusión legislativa se encendió con el avance en comisiones de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal. Bautizada popularmente por los usuarios como la "Ley Antimemes", la propuesta original de Morena contemplaba penas de prisión de hasta siete años (suavizada posteriormente a un rango de uno a cinco años) y multas millonarias a quienes utilizaran imágenes, identidades gráficas gubernamentales, o documentos oficiales modificados digitalmente.
Aunque el gobierno argumentó que la reforma busca proteger la propiedad intelectual contra fraudes y piratería en sincronía con el T-MEC, defensores de los derechos digitales señalaron que la vaguedad en conceptos como "ridiculizar" o "inducir al error" pone en jaque la parodia, la sátira política y el humor en redes sociales. Adicionalmente, el mecanismo incentivo la "retirada preventiva de contenidos" por parte de los proveedores de internet antes de que exista una resolución judicial.
Desde el inicio de su pontificado, SS León XIV ha defendido de forma constante la libertad de expresión y de prensa, vinculándolas estrechamente con la paz mundial. Posteriormente, en mayo de 2026, consolidó esta postura en su primera encíclica titulada “Magnifica humanitas” ("Humanidad magnífica"), en la cual aborda con profundidad el rol de los medios de comunicación y las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. La riqueza de este documento reside en no demonizar los avances tecnológicos, sino en reubicar al ser humano y a la ética en el centro del diseño y uso de estas herramientas.
Conclusión
La postura de la presidencia y sus defensores sigue siendo tajante: "en la 4T se defiende la libertad de expresión y no hay censura". Sin embargo, la acumulación de iniciativas punitivas en los entornos digitales en lo que va de 2026 demuestra que el poder político actual muestra una alta sensibilidad ante el cuestionamiento ciudadano. El balance final entre combatir delitos informáticos verídicos y silenciar voces incómodas es hoy más frágil que nunca en México; la libertad en internet se defiende ahora renglón por renglón en el Congreso.
Leopoldo Brito
Productor Independiente
