Cártel de los Sapos: ¿Si cae uno, caen todos?

La auto entrega de los secretarios de Seguridad y Finanzas del gobierno de Sinaloa; la revelación de que dos gobernadores -sin visa- acuden a los Estados Unidos a declarar; la filtración de audios de la gobernadora de Baja California ofreciendo revelar información sensible de seguridad nacional a cambio de su no extradición; y el microeditorial “Rayuela” de La Jornada "Si colabora como sapo, delata como sapo y trabaja a las órdenes de otra nación como sapo, ¿qué es?"; revela la desbandada en Morena ante una alguna posible acción de EE.UU. contra narcopolíticos mexicanos.

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“Cártel de los Sapos” fue el nombre de un libro escrito por un ex narco colombiano para evidenciar la existencia de narcotraficantes soplones, delatores o informantes que, a cambio de colaborar con la DEA -denunciando a sus cómplices y jefes-, el “pago” de una parte de sus ganancias ilícitas y una corta estancia en cárceles de EE.UU., salían de la prisión sin pasado turbio, expedientes judiciales o nueva identidad, y con una parte de sus ganancias ilícitas -para no reincidir-. Para quienes no se acogieron a ese plan, las opciones eran dos: “neutralización”, o detención y encarcelamiento.

Una vez que Sheinbaum entregó a los EE. UU. a los principales operadores del narco -y al piloto que trasladó al “Mayo”, objeto del escarnio nacional e internacional- abrió las puertas a que estos delataran a sus cómplices priístas, panistas, del Verde, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y, especialmente, morenistas: los pactos de dinero y apoyo electoral a cambio de operar libremente y expandir su control territorial en México. Se dice también que de la mano de AMLO y del Grupo Puebla expandieron su actividad a países gobernados por la Internacional narco-política Foro de Sao Paulo.

El Cártel mexicano de los Sapos comenzó con la denuncia de los narcotraficantes, y ahora se amplió a narco-políticos de Morena. El proceso inició con la cancelación de visas a algunos de ellos y, a se solicitó la detención de varios con fines de extradición. Ante el temor de no alcanzar beneficios por no ser de los primeros, cada día crece el número de morenistas que en secreto establecen comunicación con agencias de seguridad de EE.UU. para acogerse a diversos programas de colaboración: “Oferta de colaboración” (Proffer agreement), “testigos cooperantes”, “Programa de Protección a Testigos” o los “Acuerdos de culpabilidad” (Plea Agreements), para obtener beneficios legales: protección, reducción de sentencias, cambio de identidad, etc.

La principal materia de estos programas es denunciar a quienes tienen nexos con los cárteles de la droga que producen y trafican fentanilo, y quienes están involucrados con el Huachicol Fiscal que financió campañas electorales de Morena e hicieron de él la principal fuente de ingresos de cárteles.

La intromisión de la justicia estadounidense es resultado de la inoperancia de la mexicana, cooptada por Morena mediante los jueces, magistrados y ministros del acordeón, los cuales, además de incompetentes, carecen de independencia jurídica. Si la justicia mexicana hubiera detenido y juzgado al Chapo y al Mayo, 25 mil millones de dólares -que exige como reparación el gobierno norteamericano- serían para los mexicanos (438,500 millones de pesos), pero las complicidades les permitieron gozar de impunidad, poder y libertad.

A diferencia de los narco-sapos, cuyas delaciones de jefes narcos no resolvían las causas de estos delitos, las delaciones de los narco-políticos sí tienen la posibilidad de reconfigurar las estructuras jurídicas y políticas al perseguir la venta de drogas, el lavado del dinero, desalentar la complicidad de políticos, policías y militares, facilitar extradiciones, acabar con la impunidad, etc.

El fracaso lopezobradorista en la selección de cómplices -“90% de lealtad, 10% de capacidad”- dio paso al “sálvese quien pueda”, a esta frágil omertá por la que si cae uno, caen todos, AMLO incluido.

Gustavo Mendoza Ávila

Periodista y maestro en seguridad nacional