Consejo Mexicano de Ética-Política (III)

El propósito es vigilar que los gobernantes, promuevan el bien común

El propósito de este organismo ciudadano “privado”, por cuanto a que no depende del gobierno ni se financia de él, es desarrollar una cultura de la integridad política y social capaz de garantizar el acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y máxima información pública; vigilar que los gobernantes, más allá de ideologías, credos y partidos, promuevan el bien común y respeten la dignidad de las personas.

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Sus principios rectores serán: imparcialidad, legalidad, autonomía, confidencialidad y transparencia.

Para garantizar su autonomía requiere financiarse de varias fuentes: donaciones privadas, fondos internacionales concursables, cuotas de sus miembros (aportaciones ciudadanas), solidaridad social -estilo Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC)-, y el cobro de servicios a partidos, gobiernos y congresos. El Consejo Directivo, con total autonomía, determinará los montos a ejercer año con año, y el destino de sus presupuestos. Los recursos serían anualmente auditados por una firma independiente prestigiada -nacional o internacional-, cuyo resultado se dará a conocer con total transparencia en sus plataformas. La figura jurídica sería Asociación Civil (sin fines de lucro).

Su órgano de gobierno, el Consejo Directivo, lo integrarán 9 o más miembros (número impar), al cual pueden pertenecer empresarios, especialistas (investigadores, catedráticos, exmagistrados, directivos de ONGs anticorrupción, expertos en integridad pública, criminólogos y personalidades con trayectoria intachable) y profesionales que operen su día a día. Se excluye a miembros de partidos y a personas vinculadas a gobiernos.

El proceso de selección de sus integrantes sería público, basado en los méritos de los candidatos. Su estancia en el cargo sería por 8 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Las Asambleas de elección serían cada cuatro años, renovándose el 50% de sus integrantes cada 4 años, para mantener la continuidad institucional.

El Consejo Directivo estaría apoyado por una Secretaría Ejecutiva; comités especializados, según sus tareas: Prevención, Confiabilidad de Candidatos, Investigación, Ética, Educación, Comunicación y Vinculación; y por un Consejo Consultivo amplio al que se convocará a religiosos (obispos, pastores, sacerdotes, religiosos), académicos, líderes sociales y empresariales, rectores universitarios, etc.

El organismo podrá descentralizarse y contar con delegaciones estatales y regionales.

El contacto con partidos y gobiernos estará a cargo de la Comisión de Vinculación, la que establecerá convenios de servicio y definirá la agenda de trabajo con los partidos y gobiernos, en cuanto a tareas de diagnóstico, formación, acciones preventivas y correctivas; evitando la burocratización, discrecionalidad, ambigüedad o complacencia en la que estos suelen operar. En el plano internacional, establecerá y administrará las relaciones, colaboración e intercambios con organismos internacionales, para replicar las mejores prácticas (Independent Commission Against Corruption (ICAC) de Hong Kong; el Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) de Singapur; comisiones de ética estatales de EE.UU.; Transparency International (TI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), entre otras).

Para los partidos y gobiernos que suscriban convenios y servicios, sus resoluciones serán vinculantes. Los dictámenes de especialistas se turnarán al Consejo Directivo para su análisis, previo a su aprobación y comunicación. De igual manera, estarán obligados a rendir informes anuales de sus finanzas, contratos, procedencia de sus ingresos y destino de sus gastos, particularmente de campañas; abstenerse de postular a personas con antecedentes de corrupción, vínculos con grupos delincuenciales, o con bajo desempeño en sus funciones.

El CME-P anualmente rendirá su informe de resultados como contribución a la cultura de integridad, que tanta necesita nuestro país.

Gustavo Mendoza Ávila

Periodista y maestro en seguridad nacional